Garantías de bienes de consumo, una introducción


La semana que viene se cumplirán cuatro años desde que la Ley de Garantías de Bienes de Consumo empezara a surtir efectos. Esta ley introducía una serie de cambios respecto a la normativa y prácticas anteriores. Los puntos más importantes para el consumidor son los siguientes:

  • Se fija un periodo de garantía estándar de dos años. Adicionalmente las empresas pueden establecer garantías comerciales superiores (por ejemplo, muchos electrodomésticos vendidos en tiendas hard discount vienen con una garantía de tres años).
  • El vendedor, y no el fabricante, es quien debe responder de cualquier no conformidad del producto ( un producto que no funciona, o que presenta anomalías).
  • Si durante los seis primeros meses tras la recepción del producto se detecta que el producto no está conforme, se presume que esta no conformidad venía de origen, por lo que el consumidor no debe demostrar nada. A partir del sexto mes, es el consumidor quien debe demostrar que el defecto venía de origen.
  • En el primer caso el consumidor tiene derecho a optar entre la sustitución del producto o la reparación. La única restricción es que la opción escogida por el consumidor sea posible (por ejemplo, que el producto aún esté en stock) y que no sea desproporcionada. No obstante, estas restricciones están condicionadas a la gratuidad y a su realización en un plazo razonable . En caso que no sea posible ni la sustitución, ni la reparación el consumidor podrá optar por una minusvalía del producto (es decir, el reembolso parcial de dinero quedándose con el producto) o bien a la devolución del producto.

Atentos a una práctica comercial muy generalizada (y que ya relataré en otra entrada): muchos establecimientos imponen sistemáticamente al consumidor la obligación de que el producto pase por un peritaje previo en el SAT. Este hecho generó una consulta que fue respondida por el regulador del modo que se cita a continuación:

CG/18/03: ¿Esta obligado el consumidor a depositar el producto para su examen a través de un SAT para comprobar el fallo del aparato, o bien el vendedor debe sustituirlo, aceptando, sin más, las pretensiones de la reclamante?.

El artículo 5 de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la venta de bienes de consumo establece el derecho de opción del consumidor entre la reparación o sustitución del bien, salvo que una de estas opciones resulte imposible o desproporcionada.

El ejercicio de este derecho, en consecuencia, no está condicionado, sin más, a un previo peritaje del vendedor a través del SAT o de cualquier otro procedimiento. Debiendo estar el vendedor a la opción del consumidor sobre la reparación o sustitución, salvo que se trate de bienes no fungibles o de segunda mano.

Sin perjuicio de lo anterior, parece razonable considerar que el vendedor que fundadamente alegue que los costes de la forma de saneamiento por la que haya optado el consumidor son desproporcionados, o que dicha forma de saneamiento es imposible, ante la discrepancia del consumidor acuda a los servicios técnicos a efectos de probar tales alegaciones.

Lo propio debe entenderse cuando la causa de falta de conformidad esté oculta siendo determinante su identificación para evaluar los costes de las respectivas fórmulas de saneamiento y su posibilidad.

En tales casos, es claro, que el examen por los servicios de asistencia técnica no tiene coste alguno para el consumidor y debe realizarse minimizando al máximo los posibles inconvenientes para éste y en plazos muy breves.

Lo que en ningún caso autoriza la norma es el recurso sistemático a los servicios de asistencia técnica o que se produzca una remisión al SAT para determinar cuál es la forma de saneamiento que a juicio del vendedor resulta más adecuada o proporcionada.

Por otra parte, hay que tener en cuenta la posibilidad de que entre en juego el artículo 7 de la Ley en aquellos casos en que la reparación o la sustitución no se realicen en un plazo razonable o supongan graves inconvenientes para el consumidor, pudiendo entonces solicitar una rebaja del precio o bien la resolución del contrato y devolución del precio.

Por tanto, si en el establecimiento os imponen una remisión al SAT sin que ni siquiera se hayan mirado el producto o sin que os aseguren un plazo razonable de reparación/sustitución , mejor que rellenéis la hoja de reclamaciones oficial.

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